La funcionaria del Gobierno Regional del Bío Bío, Tamara Vidal, entregó nuevos antecedentes a la Contraloría Regional que podrían demostrar la existencia de mecanismos similares entre las fundaciones y el Gobierno Regional para concretar convenios. Estos antecedentes, según la abogada de Tamara, Katherine Figueroa, apuntan al funcionamiento interno en la toma de decisiones en las divisiones del Gobierno Regional en relación a los traspasos de dinero a las fundaciones.

Tamara, quien fue denunciada por el Gobernador por presunto mal uso de fondos, explicó que se autodenunció en la Contraloría debido a su participación en el Gobierno Regional en el denominado Caso Convenios. 

“Porque también tenía una responsabilidad administrativa, porque efectivamente fui contraparte técnica de muchos de esos casos. Si bien denunciamos casos que en las cual fui contraparte técnica, también denuncié casos en las cuales no soy contraparte técnica; y que mis colegas, quizás por temor a perder sus trabajos, no lo hacen”, dijo.

La abogada de Tamara, Katherine Figueroa, informó que han entregado información complementaria para 8 fundaciones y también han presentado una denuncia formal por la Fundación Bonhomía. “Hemos tenido acceso a nuevos antecedentes, nueva información que parece que pudiera complementar de manera efectiva estos hechos que nosotros hemos denunciado; y de igual manera hemos contribuido a entregar una claridad respecto de cierto de ciertos hechos. También de documentación oficial, documentación pública respecto al funcionamiento de los programas que hay al interior del Gobierno Regional”, explicó la abogada.

Tamara presentó el Caso Convenios ante la Fiscalía Regional el pasado 30 de junio y el 6 de julio acudió a la Contraloría General de la República en Santiago para entregar nuevos antecedentes sobre 9 fundaciones. Estas fundaciones son Horizonte Ciudadano, Fundación Impulsa, Fundación En Ti de Camila Polizzi, Fundación Descentralizado, Fundef, Infocap, Irade, Fundación Antonia y ahora Fundación Bonhomía. La denuncia se refiere a un traspaso de 350 millones de pesos por un proyecto de 4 meses, en el cual los ejecutores eran de Santiago.

La abogada aclaró que Tamara sigue siendo la encargada de la oficina de participación ciudadana, a pesar de estar suspendida de sus funciones debido al sumario presentado por el Gobierno Regional en su contra. Además, la abogada no descartó presentar una querella en el futuro contra el gobernador regional Rodrigo Díaz por sus declaraciones mencionando una posible extorsión.