La comunidad de Tiltil y el ámbito de la salud nacional se encuentran alarmados por una investigación judicial en curso que ha revelado detalles preocupantes. El caso, que involucra a niños pequeños, se centra en el uso de la quetiapina, un medicamento estrictamente regulado para menores y que requiere supervisión médica especializada, la cual aparentemente fue omitida en esta situación. Según información de Chilevisión, los hechos que desencadenaron esta alerta sanitaria ocurrieron en octubre de 2025 en la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana. El jardín infantil alertó a los padres sobre una situación inusual: varios niños no despertaban después de la siesta. La gravedad del asunto se hizo evidente cuando algunos menores tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital al permanecer inconscientes o sin despertar durante un día entero. Tras meses de investigación, el abogado querellante de las familias afectadas presentó un informe que sugiere que a los niños se les administró quetiapina sin prescripción médica. Ante la denuncia, especialistas en toxicología han salido a explicar la naturaleza de este fármaco. Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, señaló en Biobio Chile que la quetiapina es un psicofármaco clasificado como antipsicótico atípico, utilizado principalmente para tratar trastornos complejos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Torres enfatizó que este medicamento no está destinado al uso doméstico o recreativo en menores: Su uso en niños es restringido y debe ser evaluado caso por caso por un especialista, bajo una estricta supervisión médica. No se trata de un medicamento diseñado para inducir el sueño ni menos para controlar conductas en menores sanos. Los efectos adversos inmediatos de la quetiapina en niños pueden ser graves, incluyendo una sedación excesiva y una disminución crítica del nivel de conciencia, lo que explica por qué los niños no despertaban. Además, existen riesgos sistémicos como problemas respiratorios y alteraciones cardiovasculares. En casos extremos, el uso inapropiado de este antipsicótico puede tener consecuencias fatales. Según Torres, pueden presentarse convulsiones, arritmias e incluso situaciones que ponen en riesgo la vida del menor. A nivel neurológico, la exposición a estos fármacos puede afectar funciones cognitivas esenciales y provocar efectos secundarios como náuseas, estreñimiento y alteraciones en los niveles de glucosa y peso corporal. Desde el punto de vista sanitario y ético, el uso de psicofármacos con fines sedativos en entornos educativos es considerado inaceptable por expertos. Administrar cualquier medicamento sin indicación médica no solo representa un alto riesgo para la integridad física, sino que también constituye una vulneración de derechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de quienes suministraron la sustancia en el jardín infantil. Fuente: Publimetro
El Gobierno de Perú ha tomado una decisión drástica al declarar estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, que colinda con la frontera chilena. Esta medida se implementó a solo 10 minutos antes de las 9 AM con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia. El presidente José María Balcázar emitió este mandato que fue publicado en el Diario Oficial de Perú, El Peruano, detallando que la emergencia tendrá una duración de 60 días. Durante este período, la Policía Nacional estará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se establecerán zonas de intervención basadas en inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Como consecuencia de esta medida, se restringirán o suspenderán los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Además, para llevar a cabo actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas masivas y públicas será necesario obtener un permiso de las autoridades competentes para su evaluación. Sin embargo, aquellas actividades que no cumplan con estas características no requerirán permiso para su realización. El Gobierno también ha anunciado que se implementará un patrullaje motorizado constante en la línea fronteriza con Chile y un monitoreo aéreo con drones en los pasos no habilitados hacia Perú. Asimismo, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por estos pasos no autorizados. Este decreto supremo ha sido refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Fuente: Publimetro
Una nueva etapa de la Ley de 40 horas en Chile entrará en vigencia el próximo 26 de abril, reduciendo la jornada laboral ordinaria de 44 a 42 horas semanales. Este cambio forma parte de una implementación gradual que busca alcanzar las 40 horas semanales para el año 2028. La reducción de dos horas semanales no es solo un ajuste administrativo, sino que implica una reorganización efectiva de la jornada laboral dentro de los límites establecidos por la ley. Según Pedro Peña, abogado y socio fundador del estudio SoyTrabajador , La reducción a 42 horas no es una recomendación ni una medida optativa. Es una obligación legal que debe cumplirse desde el 26 de abril, y que además debe implementarse correctamente. Es importante destacar que la normativa establece que la reducción de horas no puede implicar una disminución en las remuneraciones, lo que obliga a las empresas a mantener los sueldos a pesar de trabajar menos horas. Uno de los desafíos principales estará en la redistribución de estas horas, la cual debe ser acordada entre empleadores y trabajadores y quedar registrada por escrito. En caso de desacuerdo, la Dirección del Trabajo ha establecido criterios claros, como por ejemplo, en jornadas de 5 días, la reducción debe aplicarse distribuyendo una hora menos en diferentes días de la semana. Además, cualquier modificación debe formalizarse mediante anexos de contrato u otros instrumentos para evitar problemas en fiscalizaciones y posibles reclamaciones laborales. Según Peña, Cuando estos cambios no se dejan por escrito, aumenta el riesgo de multas y también de conflictos laborales posteriores, por ejemplo, en materia de horas extraordinarias o cumplimiento de jornada. Las infracciones a esta normativa pueden ser sancionadas por la Dirección del Trabajo con multas que van desde 3 a 60 UTM por trabajador, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento. En sectores con sistemas de turnos como minería, salud o comercio, donde se permiten mecanismos especiales para la distribución de jornadas, es fundamental planificar adecuadamente para evitar sanciones. En palabras finales, Peña destaca que En estos casos, la planificación es clave. La reducción también aplica, pero debe hacerse respetando las reglas vigentes, porque una mala implementación puede derivar en sanciones. Fuente: Publimetro
En un contexto donde más del 60% del tiempo de los abogados se destina a la revisión de fuentes, la llegada de nuevas tecnologías comienza a redefinir el ejercicio profesional en Chile. En esa línea, la empresa Trifolia lanzó una versión gratuita de su plataforma de inteligencia artificial especializada en derecho chileno, marcando un hito en el acceso a herramientas legales avanzadas. La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito jurídico dejó de ser una tendencia futura para convertirse en una transformación concreta. Con este lanzamiento, Trifolia abre el acceso a un sistema que hasta ahora estaba principalmente disponible para grandes estudios, tensionando un modelo históricamente basado en el acceso restringido a información de calidad. La plataforma permite a abogados, estudiantes y otros usuarios realizar consultas que integran jurisprudencia, legislación y doctrina, entregando respuestas estructuradas y con respaldo verificable. Este cambio no solo reduce los tiempos de investigación, sino que también impacta en la forma en que se construyen argumentos y estrategias legales. A diferencia de otras soluciones que limitan significativamente sus versiones sin costo, la propuesta de Trifolia incorpora funcionalidades clave para la práctica diaria. Entre ellas, búsquedas integradas en distintas fuentes del derecho chileno, acceso a citas verificables y vínculos directos a documentos oficiales. El sistema contempla un uso de hasta dos consultas diarias, además de historial de conversaciones, lo que permite abordar problemas reales y validar hipótesis jurídicas con rapidez. En la práctica, tareas que antes podían tomar horas —o incluso días— hoy pueden resolverse en minutos, manteniendo estándares de rigor profesional. Este avance también pone en evidencia una brecha dentro del sector legal. Mientras otras industrias han adoptado procesos automatizados, parte importante del ejercicio del derecho en Chile continúa dependiendo de métodos manuales y fragmentados, lo que incide tanto en la eficiencia como en la calidad del trabajo. “Lo que estamos haciendo con esta versión gratuita es abrir una puerta que históricamente ha estado cerrada. La inteligencia jurídica de alto nivel no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Si más abogados tienen acceso a mejores herramientas, no solo mejoran sus casos, mejora todo el sistema”, señala Eduardo Ramírez, fundador de Trifolia. La iniciativa tiene implicancias relevantes en términos de competencia. Al reducir las barreras económicas, permite que abogados independientes, profesionales de regiones y actores del sector público accedan a herramientas avanzadas, elevando el estándar general del sistema jurídico. La adopción de inteligencia artificial comienza a perfilarse como una necesidad más que una ventaja competitiva. Los profesionales que integren estas herramientas pueden concentrarse en el análisis estratégico y la toma de decisiones, delegando en la tecnología tareas repetitivas. Lejos de ser un escenario hipotético, esta transición ya está en curso. Según datos de la propia empresa, más de mil abogados utilizan actualmente la plataforma, reflejando un cambio progresivo en la forma de ejercer el derecho en Chile. En un entorno donde la rapidez, precisión y profundidad del análisis son cada vez más relevantes, la integración de inteligencia artificial podría convertirse en un factor decisivo para el futuro de la profesión. Fuente: Publimetro
En el marco del seminario “Nuevos vientos de la economía: ajustando el rumbo”, organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el avance del plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), destacando un aumento significativo en la recaudación. Según explicó la autoridad, los ingresos diarios asociados a este mecanismo han experimentado un alza relevante desde la implementación de las nuevas medidas. “ No queremos dar una batalla y cobrarles a quienes están dentro del 20%, 30% o 40% que son de carreras no rentables y se sintieron engañados, pero sí hay personas que deberían estar pagando”, partió diciendo el jefe de la billetera fiscal. En esa línea, el secretario de Estado también entregó detalles sobre el perfil de los deudores, apuntando a un grupo específico dentro del universo total. “Hay 70 mil personas con sueldos superiores a $1.500.000 mensuales”, indicó, en referencia a quienes tendrían mayor capacidad de pago dentro del sistema, grupo que llegaría a una deuda total de 800 millones de dólares. Las declaraciones se dan en un contexto en que la Tesorería General de la República inició recientemente un proceso de cobro para recuperar recursos fiscales asociados al CAE, cuya deuda total ha crecido de forma sostenida en los últimos años. El plan contempla distintas estrategias según el nivel de ingresos de los deudores, iniciando con los superiores a 5 millones de pesos, incluyendo acciones judiciales en los casos de mayores rentas. Asimismo,el ministro Quiroz aportó un nuevo dato sobre el cobro del CAE, señalando que “el cruce de datos mostró que pasamos de recaudar 30 millones de pesos diarios a 200 millones diarios,” eso, previo a anunciar cualquier medida. “ Desterramos el mito de que había que aprobar el FES —proyecto de Financiamiento para la Educación Superior del gobierno anterior— (...) la meta de tesorería de 2025 fue de un billón de pesos y nosotros la vamos a subir a 1,5 billones,” añadió. Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad de Tiltil y el ámbito de la salud nacional se encuentran alarmados por una investigación judicial en curso que ha revelado detalles preocupantes. El caso, que involucra a niños pequeños, se centra en el uso de la quetiapina, un medicamento estrictamente regulado para menores y que requiere supervisión médica especializada, la cual aparentemente fue omitida en esta situación. Según información de Chilevisión, los hechos que desencadenaron esta alerta sanitaria ocurrieron en octubre de 2025 en la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana. El jardín infantil alertó a los padres sobre una situación inusual: varios niños no despertaban después de la siesta. La gravedad del asunto se hizo evidente cuando algunos menores tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital al permanecer inconscientes o sin despertar durante un día entero. Tras meses de investigación, el abogado querellante de las familias afectadas presentó un informe que sugiere que a los niños se les administró quetiapina sin prescripción médica. Ante la denuncia, especialistas en toxicología han salido a explicar la naturaleza de este fármaco. Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, señaló en Biobio Chile que la quetiapina es un psicofármaco clasificado como antipsicótico atípico, utilizado principalmente para tratar trastornos complejos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Torres enfatizó que este medicamento no está destinado al uso doméstico o recreativo en menores: Su uso en niños es restringido y debe ser evaluado caso por caso por un especialista, bajo una estricta supervisión médica. No se trata de un medicamento diseñado para inducir el sueño ni menos para controlar conductas en menores sanos. Los efectos adversos inmediatos de la quetiapina en niños pueden ser graves, incluyendo una sedación excesiva y una disminución crítica del nivel de conciencia, lo que explica por qué los niños no despertaban. Además, existen riesgos sistémicos como problemas respiratorios y alteraciones cardiovasculares. En casos extremos, el uso inapropiado de este antipsicótico puede tener consecuencias fatales. Según Torres, pueden presentarse convulsiones, arritmias e incluso situaciones que ponen en riesgo la vida del menor. A nivel neurológico, la exposición a estos fármacos puede afectar funciones cognitivas esenciales y provocar efectos secundarios como náuseas, estreñimiento y alteraciones en los niveles de glucosa y peso corporal. Desde el punto de vista sanitario y ético, el uso de psicofármacos con fines sedativos en entornos educativos es considerado inaceptable por expertos. Administrar cualquier medicamento sin indicación médica no solo representa un alto riesgo para la integridad física, sino que también constituye una vulneración de derechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de quienes suministraron la sustancia en el jardín infantil. Fuente: Publimetro
El Gobierno de Perú ha tomado una decisión drástica al declarar estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, que colinda con la frontera chilena. Esta medida se implementó a solo 10 minutos antes de las 9 AM con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia. El presidente José María Balcázar emitió este mandato que fue publicado en el Diario Oficial de Perú, El Peruano, detallando que la emergencia tendrá una duración de 60 días. Durante este período, la Policía Nacional estará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se establecerán zonas de intervención basadas en inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Como consecuencia de esta medida, se restringirán o suspenderán los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Además, para llevar a cabo actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas masivas y públicas será necesario obtener un permiso de las autoridades competentes para su evaluación. Sin embargo, aquellas actividades que no cumplan con estas características no requerirán permiso para su realización. El Gobierno también ha anunciado que se implementará un patrullaje motorizado constante en la línea fronteriza con Chile y un monitoreo aéreo con drones en los pasos no habilitados hacia Perú. Asimismo, se intervendrá a los migrantes que intenten cruzar por estos pasos no autorizados. Este decreto supremo ha sido refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Fuente: Publimetro
Una nueva etapa de la Ley de 40 horas en Chile entrará en vigencia el próximo 26 de abril, reduciendo la jornada laboral ordinaria de 44 a 42 horas semanales. Este cambio forma parte de una implementación gradual que busca alcanzar las 40 horas semanales para el año 2028. La reducción de dos horas semanales no es solo un ajuste administrativo, sino que implica una reorganización efectiva de la jornada laboral dentro de los límites establecidos por la ley. Según Pedro Peña, abogado y socio fundador del estudio SoyTrabajador , La reducción a 42 horas no es una recomendación ni una medida optativa. Es una obligación legal que debe cumplirse desde el 26 de abril, y que además debe implementarse correctamente. Es importante destacar que la normativa establece que la reducción de horas no puede implicar una disminución en las remuneraciones, lo que obliga a las empresas a mantener los sueldos a pesar de trabajar menos horas. Uno de los desafíos principales estará en la redistribución de estas horas, la cual debe ser acordada entre empleadores y trabajadores y quedar registrada por escrito. En caso de desacuerdo, la Dirección del Trabajo ha establecido criterios claros, como por ejemplo, en jornadas de 5 días, la reducción debe aplicarse distribuyendo una hora menos en diferentes días de la semana. Además, cualquier modificación debe formalizarse mediante anexos de contrato u otros instrumentos para evitar problemas en fiscalizaciones y posibles reclamaciones laborales. Según Peña, Cuando estos cambios no se dejan por escrito, aumenta el riesgo de multas y también de conflictos laborales posteriores, por ejemplo, en materia de horas extraordinarias o cumplimiento de jornada. Las infracciones a esta normativa pueden ser sancionadas por la Dirección del Trabajo con multas que van desde 3 a 60 UTM por trabajador, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento. En sectores con sistemas de turnos como minería, salud o comercio, donde se permiten mecanismos especiales para la distribución de jornadas, es fundamental planificar adecuadamente para evitar sanciones. En palabras finales, Peña destaca que En estos casos, la planificación es clave. La reducción también aplica, pero debe hacerse respetando las reglas vigentes, porque una mala implementación puede derivar en sanciones. Fuente: Publimetro
En un contexto donde más del 60% del tiempo de los abogados se destina a la revisión de fuentes, la llegada de nuevas tecnologías comienza a redefinir el ejercicio profesional en Chile. En esa línea, la empresa Trifolia lanzó una versión gratuita de su plataforma de inteligencia artificial especializada en derecho chileno, marcando un hito en el acceso a herramientas legales avanzadas. La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito jurídico dejó de ser una tendencia futura para convertirse en una transformación concreta. Con este lanzamiento, Trifolia abre el acceso a un sistema que hasta ahora estaba principalmente disponible para grandes estudios, tensionando un modelo históricamente basado en el acceso restringido a información de calidad. La plataforma permite a abogados, estudiantes y otros usuarios realizar consultas que integran jurisprudencia, legislación y doctrina, entregando respuestas estructuradas y con respaldo verificable. Este cambio no solo reduce los tiempos de investigación, sino que también impacta en la forma en que se construyen argumentos y estrategias legales. A diferencia de otras soluciones que limitan significativamente sus versiones sin costo, la propuesta de Trifolia incorpora funcionalidades clave para la práctica diaria. Entre ellas, búsquedas integradas en distintas fuentes del derecho chileno, acceso a citas verificables y vínculos directos a documentos oficiales. El sistema contempla un uso de hasta dos consultas diarias, además de historial de conversaciones, lo que permite abordar problemas reales y validar hipótesis jurídicas con rapidez. En la práctica, tareas que antes podían tomar horas —o incluso días— hoy pueden resolverse en minutos, manteniendo estándares de rigor profesional. Este avance también pone en evidencia una brecha dentro del sector legal. Mientras otras industrias han adoptado procesos automatizados, parte importante del ejercicio del derecho en Chile continúa dependiendo de métodos manuales y fragmentados, lo que incide tanto en la eficiencia como en la calidad del trabajo. “Lo que estamos haciendo con esta versión gratuita es abrir una puerta que históricamente ha estado cerrada. La inteligencia jurídica de alto nivel no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Si más abogados tienen acceso a mejores herramientas, no solo mejoran sus casos, mejora todo el sistema”, señala Eduardo Ramírez, fundador de Trifolia. La iniciativa tiene implicancias relevantes en términos de competencia. Al reducir las barreras económicas, permite que abogados independientes, profesionales de regiones y actores del sector público accedan a herramientas avanzadas, elevando el estándar general del sistema jurídico. La adopción de inteligencia artificial comienza a perfilarse como una necesidad más que una ventaja competitiva. Los profesionales que integren estas herramientas pueden concentrarse en el análisis estratégico y la toma de decisiones, delegando en la tecnología tareas repetitivas. Lejos de ser un escenario hipotético, esta transición ya está en curso. Según datos de la propia empresa, más de mil abogados utilizan actualmente la plataforma, reflejando un cambio progresivo en la forma de ejercer el derecho en Chile. En un entorno donde la rapidez, precisión y profundidad del análisis son cada vez más relevantes, la integración de inteligencia artificial podría convertirse en un factor decisivo para el futuro de la profesión. Fuente: Publimetro
En el marco del seminario “Nuevos vientos de la economía: ajustando el rumbo”, organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el avance del plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), destacando un aumento significativo en la recaudación. Según explicó la autoridad, los ingresos diarios asociados a este mecanismo han experimentado un alza relevante desde la implementación de las nuevas medidas. “ No queremos dar una batalla y cobrarles a quienes están dentro del 20%, 30% o 40% que son de carreras no rentables y se sintieron engañados, pero sí hay personas que deberían estar pagando”, partió diciendo el jefe de la billetera fiscal. En esa línea, el secretario de Estado también entregó detalles sobre el perfil de los deudores, apuntando a un grupo específico dentro del universo total. “Hay 70 mil personas con sueldos superiores a $1.500.000 mensuales”, indicó, en referencia a quienes tendrían mayor capacidad de pago dentro del sistema, grupo que llegaría a una deuda total de 800 millones de dólares. Las declaraciones se dan en un contexto en que la Tesorería General de la República inició recientemente un proceso de cobro para recuperar recursos fiscales asociados al CAE, cuya deuda total ha crecido de forma sostenida en los últimos años. El plan contempla distintas estrategias según el nivel de ingresos de los deudores, iniciando con los superiores a 5 millones de pesos, incluyendo acciones judiciales en los casos de mayores rentas. Asimismo,el ministro Quiroz aportó un nuevo dato sobre el cobro del CAE, señalando que “el cruce de datos mostró que pasamos de recaudar 30 millones de pesos diarios a 200 millones diarios,” eso, previo a anunciar cualquier medida. “ Desterramos el mito de que había que aprobar el FES —proyecto de Financiamiento para la Educación Superior del gobierno anterior— (...) la meta de tesorería de 2025 fue de un billón de pesos y nosotros la vamos a subir a 1,5 billones,” añadió. Fuente: ADN Radio Nacional
