La inteligencia artificial está cada vez más presente en los procesos que determinan quién recibe una visa, quién necesita una revisión adicional y, en ciertos contextos, quién puede cruzar una frontera. A pesar de que la decisión final sigue estando en manos de las autoridades, los algoritmos pueden intervenir mucho antes de que un funcionario revise personalmente un caso. En los servicios consulares y migratorios, estas herramientas tienen la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones en cuestión de segundos. Entre los posibles usos se encuentran: Los exdiplomáticos estadounidenses Don Kilburg y Virginia Blaser han analizado esta transformación en su libro AI Use Cases for Consular Affairs, basándose en sus más de 60 años combinados de experiencia en el servicio público. “El peligro no radica simplemente en que la IA pueda reemplazar al funcionario consular, sino en que se convierta en el marco predeterminado a través del cual se analiza un caso”, según Don Kilburg, autor y exdiplomático. El punto más delicado no es necesariamente que una máquina tome la decisión final. El problema surge cuando el resultado de un sistema automatizado determina qué casos reciben mayor atención, cuáles son considerados sospechosos o cuáles pasan a una revisión más exhaustiva. Para un solicitante de visa, por ejemplo, puede resultar confuso por qué su expediente fue seleccionado y qué papel jugó la IA en ese proceso. En septiembre de 2025, altos funcionarios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos instaron a aprovechar los avances tecnológicos, incluida la IA, para combatir la migración irregular, el fraude documental y el abuso de visas. La tendencia apunta hacia una mayor incorporación de herramientas automatizadas en procesos que afectan a millones de viajeros y solicitantes. La Unión Europea ha identificado como alto riesgo ciertos sistemas de IA utilizados en áreas relacionadas con visas, migración y control fronterizo. Entre las medidas contempladas se encuentra la necesidad de mantener una supervisión humana efectiva. Según Kilburg y Blaser, esto implica más que simplemente validar automáticamente el resultado de una máquina al final del proceso. El funcionario debe conservar autonomía, tiempo y responsabilidad para revisar la información, cuestionar los resultados y considerar aspectos que un algoritmo podría no comprender: contexto, circunstancias particulares o información no presente en los datos. Los autores también destacan las oportunidades que ofrece la IA. La IA puede encargarse de tareas repetitivas, facilitar la comunicación entre idiomas, detectar posibles fraudes y procesar información a gran escala. La clave sería utilizar la tecnología para liberar tiempo a los funcionarios, no para reemplazar su criterio. En casos más complejos, la decisión seguirá requiriendo algo que un sistema automatizado no posee: contexto, criterio y responsabilidad humana. Fuente: Publimetro
El restablecimiento del voto obligatorio en las elecciones presidenciales de 2025 dejó a más de tres millones de ciudadanos expuestos a acciones judiciales por abstención. Para iniciar las causas por no haber sufragado en primera o segunda vuelta, el Servicio Electoral (SERVEL) dispone de un plazo legal de un año antes de que los hechos prescriban. En entrevista con el programa Expreso Bío Bío, el presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió sobre la sobrecarga que enfrentan los tribunales locales ante la llegada masiva de expedientes depurados. Sobre el envío de nóminas por parte del organismo electoral, la autoridad judicial aseguró que está esperando que “lleguen las denuncias del SERVEL”, anticipando además que el organismo remitirá la documentación “casi al ras del plazo”. Debido a que la primera vuelta tuvo lugar en octubre del año pasado, el margen temporal para tramitar las causas es de solo un par de meses. Respecto a las sanciones financieras fijadas por la normativa electoral, el magistrado Francisco Ríos detalló que los montos a pagar varían según el criterio de cada tribunal. De acuerdo con lo explicado por la autoridad, las multas por no votar se ubican en un rango que va desde los $36.000 hasta los $108.000. El procedimiento establece que las personas que no presenten una justificación válida serán citadas y notificadas de la sanción pecuniaria dictaminada. En caso de persistir el incumplimiento en el pago, el magistrado precisó que los jueces se encuentran facultados para extender una orden de reclusión a Carabineros por sustitución de la multa no cancelada. A pesar de que el SERVEL filtra previamente las nóminas excluyendo a electores que se encontraban en el extranjero o que presentaron excusas justificadas, el volumen final de denunciados sigue siendo abrumador para el sistema judicial. Frente a la pronta prescripción de las causas, los juzgados de policía local de todo el país deberán procesar de manera expedita los miles de expedientes entrantes para evitar que las infracciones queden sin sanción. Fuente: Publimetro
La posibilidad de reemplazar parte de los componentes de las bencinas por etanol instaló una nueva discusión justo cuando el precio de los combustibles vuelve a presionar el bolsillo. Según reportó la agencia Reuters, funcionarios del Ministerio de Energía habrían trabajado en una propuesta para avanzar hacia una gasolina E10, compuesta por un 90% de bencina y un 10% de etanol. Pero la cartera salió a desmentir esa versión. En un comunicado aseguró que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa sobre potenciales usos de etanol en combustibles y agregó que tampoco recibió consultas de medios antes de que se publicara la información. Actualmente se utiliza MTBE como aditivo y el etanol tendría un costo inferior. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, calcula que la diferencia entre ambos productos puede llegar a 20 o 30 pesos por litro. El problema es que el aditivo representa solo una pequeña fracción de la mezcla. Precio y ahorro bajo discusión Y si la diferencia final para el consumidor puede ser marginal, aparece otra interrogante: ¿Quién captura realmente ese ahorro? Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, sostiene que el beneficio estaría principalmente en reducir los costos de producción de la gasolina y que todavía habría que determinar cuánto de esa disminución terminaría reflejándose en el precio que pagan las personas. Pero Mena también pone en duda otro de los argumentos asociados al etanol: su supuesto beneficio ambiental. Si bien permite sustituir una parte del combustible fósil y puede generar una reducción de gases de efecto invernadero, plantea que su aporte sería limitado y que no resolvería el problema de la contaminación local. Vehículos compatibles y emisiones Entonces, ¿es realmente una alternativa más limpia? El debate tampoco es completamente cerrado. El etanol tiene un mayor octanaje y puede reemplazar una fracción de la gasolina convencional, pero el automóvil continúa funcionando con un motor de combustión y, por lo tanto, sigue generando emisiones. Sammy Olivares, instructor técnico de Salfa, explica que no es correcto fijar simplemente una barrera, por ejemplo, en los vehículos fabricados antes del año 2000. Hay modelos antiguos compatibles y también vehículos posteriores que pueden tener excepciones. Por eso, asegura, habría que revisar marca, modelo, año, motor y homologación. Huella ambiental En los vehículos compatibles, una mezcla E10 podría procesarse sin problemas, aunque Olivares advierte que el consumo podría aumentar en torno a un 3%. En aquellos que no estén preparados, el riesgo estaría principalmente en componentes del sistema de combustible, como mangueras, fijaciones o materiales plásticos. Y el cambio tampoco dependería únicamente de los automóviles. Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile advierten que implementar etanol requeriría adecuaciones en estaciones de servicio, estanques y sistemas de distribución. Su secretario general, Diego Mendoza, además cuestiona que el beneficio ambiental sea automático. Señala que para calcular la huella del etanol también habría que considerar el cultivo de su materia prima, fertilizantes, procesos industriales y transporte. Fuente: Biobiochile.cl
Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
Tras meses marcados por las bajas temperaturas y los sistemas frontales, el invierno comienza a despedirse definitivamente del hemisferio sur para darle la bienvenida a la estación más colorida del año: la primavera. Según los datos astronómicos, el inicio oficial de la primavera 2026 en Chile está fijado para este martes 22 de septiembre. El fenómeno que marca este cambio de folio, conocido como equinoccio de primavera, ocurrirá exactamente a las 21:05 horas (hora continental chilena). ¿Qué significa el equinoccio? El equinoccio es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre la línea del ecuador celeste. Esta alineación perfecta genera que durante esa jornada, el día y la noche tienen una duración prácticamente idéntica en todo el planeta. A contar de este hito, el territorio nacional comenzará a experimentar un aumento progresivo de las horas de luz diaria y un paulatino incremento en las temperaturas. Este ciclo de jornadas más largas y luminosas se extenderá de forma ininterrumpida hasta el solsticio de verano, programado para el mes de diciembre. Junto con el florecimiento de los paisajes, el cambio de estación también trae consigo la temida temporada para quienes sufren problemas respiratorios, por lo que los expertos ya hacen llamados a prepararse médicamente para los pólenes primaverales.
La inteligencia artificial está cada vez más presente en los procesos que determinan quién recibe una visa, quién necesita una revisión adicional y, en ciertos contextos, quién puede cruzar una frontera. A pesar de que la decisión final sigue estando en manos de las autoridades, los algoritmos pueden intervenir mucho antes de que un funcionario revise personalmente un caso. En los servicios consulares y migratorios, estas herramientas tienen la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones en cuestión de segundos. Entre los posibles usos se encuentran: Los exdiplomáticos estadounidenses Don Kilburg y Virginia Blaser han analizado esta transformación en su libro AI Use Cases for Consular Affairs, basándose en sus más de 60 años combinados de experiencia en el servicio público. “El peligro no radica simplemente en que la IA pueda reemplazar al funcionario consular, sino en que se convierta en el marco predeterminado a través del cual se analiza un caso”, según Don Kilburg, autor y exdiplomático. El punto más delicado no es necesariamente que una máquina tome la decisión final. El problema surge cuando el resultado de un sistema automatizado determina qué casos reciben mayor atención, cuáles son considerados sospechosos o cuáles pasan a una revisión más exhaustiva. Para un solicitante de visa, por ejemplo, puede resultar confuso por qué su expediente fue seleccionado y qué papel jugó la IA en ese proceso. En septiembre de 2025, altos funcionarios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos instaron a aprovechar los avances tecnológicos, incluida la IA, para combatir la migración irregular, el fraude documental y el abuso de visas. La tendencia apunta hacia una mayor incorporación de herramientas automatizadas en procesos que afectan a millones de viajeros y solicitantes. La Unión Europea ha identificado como alto riesgo ciertos sistemas de IA utilizados en áreas relacionadas con visas, migración y control fronterizo. Entre las medidas contempladas se encuentra la necesidad de mantener una supervisión humana efectiva. Según Kilburg y Blaser, esto implica más que simplemente validar automáticamente el resultado de una máquina al final del proceso. El funcionario debe conservar autonomía, tiempo y responsabilidad para revisar la información, cuestionar los resultados y considerar aspectos que un algoritmo podría no comprender: contexto, circunstancias particulares o información no presente en los datos. Los autores también destacan las oportunidades que ofrece la IA. La IA puede encargarse de tareas repetitivas, facilitar la comunicación entre idiomas, detectar posibles fraudes y procesar información a gran escala. La clave sería utilizar la tecnología para liberar tiempo a los funcionarios, no para reemplazar su criterio. En casos más complejos, la decisión seguirá requiriendo algo que un sistema automatizado no posee: contexto, criterio y responsabilidad humana. Fuente: Publimetro
El restablecimiento del voto obligatorio en las elecciones presidenciales de 2025 dejó a más de tres millones de ciudadanos expuestos a acciones judiciales por abstención. Para iniciar las causas por no haber sufragado en primera o segunda vuelta, el Servicio Electoral (SERVEL) dispone de un plazo legal de un año antes de que los hechos prescriban. En entrevista con el programa Expreso Bío Bío, el presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió sobre la sobrecarga que enfrentan los tribunales locales ante la llegada masiva de expedientes depurados. Sobre el envío de nóminas por parte del organismo electoral, la autoridad judicial aseguró que está esperando que “lleguen las denuncias del SERVEL”, anticipando además que el organismo remitirá la documentación “casi al ras del plazo”. Debido a que la primera vuelta tuvo lugar en octubre del año pasado, el margen temporal para tramitar las causas es de solo un par de meses. Respecto a las sanciones financieras fijadas por la normativa electoral, el magistrado Francisco Ríos detalló que los montos a pagar varían según el criterio de cada tribunal. De acuerdo con lo explicado por la autoridad, las multas por no votar se ubican en un rango que va desde los $36.000 hasta los $108.000. El procedimiento establece que las personas que no presenten una justificación válida serán citadas y notificadas de la sanción pecuniaria dictaminada. En caso de persistir el incumplimiento en el pago, el magistrado precisó que los jueces se encuentran facultados para extender una orden de reclusión a Carabineros por sustitución de la multa no cancelada. A pesar de que el SERVEL filtra previamente las nóminas excluyendo a electores que se encontraban en el extranjero o que presentaron excusas justificadas, el volumen final de denunciados sigue siendo abrumador para el sistema judicial. Frente a la pronta prescripción de las causas, los juzgados de policía local de todo el país deberán procesar de manera expedita los miles de expedientes entrantes para evitar que las infracciones queden sin sanción. Fuente: Publimetro
La posibilidad de reemplazar parte de los componentes de las bencinas por etanol instaló una nueva discusión justo cuando el precio de los combustibles vuelve a presionar el bolsillo. Según reportó la agencia Reuters, funcionarios del Ministerio de Energía habrían trabajado en una propuesta para avanzar hacia una gasolina E10, compuesta por un 90% de bencina y un 10% de etanol. Pero la cartera salió a desmentir esa versión. En un comunicado aseguró que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa sobre potenciales usos de etanol en combustibles y agregó que tampoco recibió consultas de medios antes de que se publicara la información. Actualmente se utiliza MTBE como aditivo y el etanol tendría un costo inferior. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, calcula que la diferencia entre ambos productos puede llegar a 20 o 30 pesos por litro. El problema es que el aditivo representa solo una pequeña fracción de la mezcla. Precio y ahorro bajo discusión Y si la diferencia final para el consumidor puede ser marginal, aparece otra interrogante: ¿Quién captura realmente ese ahorro? Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, sostiene que el beneficio estaría principalmente en reducir los costos de producción de la gasolina y que todavía habría que determinar cuánto de esa disminución terminaría reflejándose en el precio que pagan las personas. Pero Mena también pone en duda otro de los argumentos asociados al etanol: su supuesto beneficio ambiental. Si bien permite sustituir una parte del combustible fósil y puede generar una reducción de gases de efecto invernadero, plantea que su aporte sería limitado y que no resolvería el problema de la contaminación local. Vehículos compatibles y emisiones Entonces, ¿es realmente una alternativa más limpia? El debate tampoco es completamente cerrado. El etanol tiene un mayor octanaje y puede reemplazar una fracción de la gasolina convencional, pero el automóvil continúa funcionando con un motor de combustión y, por lo tanto, sigue generando emisiones. Sammy Olivares, instructor técnico de Salfa, explica que no es correcto fijar simplemente una barrera, por ejemplo, en los vehículos fabricados antes del año 2000. Hay modelos antiguos compatibles y también vehículos posteriores que pueden tener excepciones. Por eso, asegura, habría que revisar marca, modelo, año, motor y homologación. Huella ambiental En los vehículos compatibles, una mezcla E10 podría procesarse sin problemas, aunque Olivares advierte que el consumo podría aumentar en torno a un 3%. En aquellos que no estén preparados, el riesgo estaría principalmente en componentes del sistema de combustible, como mangueras, fijaciones o materiales plásticos. Y el cambio tampoco dependería únicamente de los automóviles. Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile advierten que implementar etanol requeriría adecuaciones en estaciones de servicio, estanques y sistemas de distribución. Su secretario general, Diego Mendoza, además cuestiona que el beneficio ambiental sea automático. Señala que para calcular la huella del etanol también habría que considerar el cultivo de su materia prima, fertilizantes, procesos industriales y transporte. Fuente: Biobiochile.cl
Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026. La revisión no contempló a funcionarios municipales. Más allá del número total, la principal alerta del organismo fiscalizador está en cuánto tiempo se han extendido algunas de estas suspensiones sin que los respectivos procesos lleguen a término. De los casos detectados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 acumulan entre tres y cuatro años bajo esa medida. Así, son 30 los trabajadores que llevan más de tres años apartados preventivamente de sus funciones mientras continúan percibiendo su remuneración. El procedimiento de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses. Luego aparece un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses. El impacto económico también llamó la atención de la Contraloría. Solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron el pago de aproximadamente $671 millones en remuneraciones. A ello se suma otro antecedente detectado durante la revisión: 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, de acuerdo con información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). Frente a la extensión de estos procedimientos, la CGR determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevan más de tres años suspendidos, además de revisar eventuales responsabilidades relacionadas con las demoras. La Contraloría también puso el foco en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de esos sumarios, justificar por qué se mantiene la medida preventiva o adoptar acciones que permitan acelerar su término. El organismo recordó que, cuando un sumario se prolonga, la autoridad que ordenó su instrucción debe revisar su avance y adoptar medidas para agilizarlo, además de analizar si existen responsabilidades administrativas por eventuales retrasos. Fuente: Publimetro
Tras meses marcados por las bajas temperaturas y los sistemas frontales, el invierno comienza a despedirse definitivamente del hemisferio sur para darle la bienvenida a la estación más colorida del año: la primavera. Según los datos astronómicos, el inicio oficial de la primavera 2026 en Chile está fijado para este martes 22 de septiembre. El fenómeno que marca este cambio de folio, conocido como equinoccio de primavera, ocurrirá exactamente a las 21:05 horas (hora continental chilena). ¿Qué significa el equinoccio? El equinoccio es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre la línea del ecuador celeste. Esta alineación perfecta genera que durante esa jornada, el día y la noche tienen una duración prácticamente idéntica en todo el planeta. A contar de este hito, el territorio nacional comenzará a experimentar un aumento progresivo de las horas de luz diaria y un paulatino incremento en las temperaturas. Este ciclo de jornadas más largas y luminosas se extenderá de forma ininterrumpida hasta el solsticio de verano, programado para el mes de diciembre. Junto con el florecimiento de los paisajes, el cambio de estación también trae consigo la temida temporada para quienes sufren problemas respiratorios, por lo que los expertos ya hacen llamados a prepararse médicamente para los pólenes primaverales.
