El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo este lunes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, compareció ante el tribunal, donde se evaluó la posibilidad de modificar su arresto domiciliario total, decretado hace tres meses por delitos de fraude al Fisco. La defensa de Barriga solicitó una rebaja en la medida cautelar, proponiendo el cambio a arresto domiciliario nocturno. El abogado Cristóbal Bonacic argumentó que la fiscalía aún no tendría certeza sobre los hechos imputados y destacó que, durante los 100 días de arresto domiciliario total, Barriga ha sido visitada en 214 ocasiones por Carabineros. Sin embargo, el tribunal denegó la solicitud de rebaja en la medida cautelar, aunque sí autorizó que pueda acompañar a su hijo a terapias. Por su parte, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, reafirmó la postura del Ministerio Público de mantener la medida cautelar, argumentando que no han cambiado las circunstancias desde la formalización de los cargos. Encina presentó informes que revelan irregularidades durante la gestión de Barriga como alcaldesa de Maipú, incluyendo cuentas públicas falsificadas y un déficit presupuestario significativo. Al finalizar la audiencia, Barriga expresó su confianza en su inocencia y su alivio por poder continuar las terapias de su hijo menor. Afirmó que espera que el proceso judicial se desarrolle de manera rápida y justa. En relación con la decisión del tribunal, Barriga concluyó que se siente tranquila y contenta porque podrá llevar a su hijo a las terapias necesarias.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha anunciado que el juicio contra los miembros del clan Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua, se reanudará de manera semipresencial el próximo lunes 6 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta medida permitirá la participación de los 38 imputados, quienes se encuentran en diversos penales de Chile. Este juicio, en el que se abordan 22 delitos que incluyen homicidio, secuestro y otros, contará con la presencia tanto de la defensa como de parte de la Fiscalía en la sala de audiencias. Los 38 acusados, de los cuales 34 son venezolanos y 4 chilenos, serán conectados desde los Centros Penitenciarios de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Gendarmería, responsable de la custodia de los reclusos, deberá informar al tribunal las medidas adoptadas para garantizar la conexión y la debida mantención de la misma durante el desarrollo del juicio. Además, se espera que se detallen las acciones implementadas para que los imputados puedan comunicarse con sus abogados defensores, con el fin de prevenir posibles incidencias en el proceso legal. El plazo para que Gendarmería entregue esta información vence el 2 de mayo próximo, dos días antes de la reanudación del juicio. Con esta iniciativa, se busca asegurar la continuidad y la transparencia del proceso judicial, considerando la complejidad y la relevancia de los delitos imputados al clan Los Gallegos.
Este lunes, Luis Castillo, quien previamente había sido indultado por el Presidente Gabriel Boric por delitos cometidos durante el estallido social, fue condenado a cumplir una pena de cuatro años y un día de cárcel. La sentencia se relaciona con los delitos de robo con intimidación y violencia, así como por manejo bajo la influencia de estupefacientes. El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, explicó que los antecedentes recabados desde diciembre del año pasado permitieron acreditar estos delitos, lo que llevó a la realización de un procedimiento abreviado donde Castillo aceptó los hechos y fue sentenciado. Además de Castillo, su pareja, Camila Morales, también fue condenada, aunque recibió una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva debido a su conducta previa. Por su parte, las adolescentes involucradas en los hechos ya habían sido condenadas anteriormente a seis meses de intervención en un programa de rehabilitación. Luis Castillo, cuyo caso ha sido uno de los más polémicos debido a su amplio prontuario policial y antecedentes delictivos, fue detenido previamente el 11 de mayo de 2020 y condenado a cuatro años de cárcel bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado por diversos delitos relacionados con el estallido social.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo este lunes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, compareció ante el tribunal, donde se evaluó la posibilidad de modificar su arresto domiciliario total, decretado hace tres meses por delitos de fraude al Fisco. La defensa de Barriga solicitó una rebaja en la medida cautelar, proponiendo el cambio a arresto domiciliario nocturno. El abogado Cristóbal Bonacic argumentó que la fiscalía aún no tendría certeza sobre los hechos imputados y destacó que, durante los 100 días de arresto domiciliario total, Barriga ha sido visitada en 214 ocasiones por Carabineros. Sin embargo, el tribunal denegó la solicitud de rebaja en la medida cautelar, aunque sí autorizó que pueda acompañar a su hijo a terapias. Por su parte, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, reafirmó la postura del Ministerio Público de mantener la medida cautelar, argumentando que no han cambiado las circunstancias desde la formalización de los cargos. Encina presentó informes que revelan irregularidades durante la gestión de Barriga como alcaldesa de Maipú, incluyendo cuentas públicas falsificadas y un déficit presupuestario significativo. Al finalizar la audiencia, Barriga expresó su confianza en su inocencia y su alivio por poder continuar las terapias de su hijo menor. Afirmó que espera que el proceso judicial se desarrolle de manera rápida y justa. En relación con la decisión del tribunal, Barriga concluyó que se siente tranquila y contenta porque podrá llevar a su hijo a las terapias necesarias.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha anunciado que el juicio contra los miembros del clan Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua, se reanudará de manera semipresencial el próximo lunes 6 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta medida permitirá la participación de los 38 imputados, quienes se encuentran en diversos penales de Chile. Este juicio, en el que se abordan 22 delitos que incluyen homicidio, secuestro y otros, contará con la presencia tanto de la defensa como de parte de la Fiscalía en la sala de audiencias. Los 38 acusados, de los cuales 34 son venezolanos y 4 chilenos, serán conectados desde los Centros Penitenciarios de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Gendarmería, responsable de la custodia de los reclusos, deberá informar al tribunal las medidas adoptadas para garantizar la conexión y la debida mantención de la misma durante el desarrollo del juicio. Además, se espera que se detallen las acciones implementadas para que los imputados puedan comunicarse con sus abogados defensores, con el fin de prevenir posibles incidencias en el proceso legal. El plazo para que Gendarmería entregue esta información vence el 2 de mayo próximo, dos días antes de la reanudación del juicio. Con esta iniciativa, se busca asegurar la continuidad y la transparencia del proceso judicial, considerando la complejidad y la relevancia de los delitos imputados al clan Los Gallegos.
Este lunes, Luis Castillo, quien previamente había sido indultado por el Presidente Gabriel Boric por delitos cometidos durante el estallido social, fue condenado a cumplir una pena de cuatro años y un día de cárcel. La sentencia se relaciona con los delitos de robo con intimidación y violencia, así como por manejo bajo la influencia de estupefacientes. El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, explicó que los antecedentes recabados desde diciembre del año pasado permitieron acreditar estos delitos, lo que llevó a la realización de un procedimiento abreviado donde Castillo aceptó los hechos y fue sentenciado. Además de Castillo, su pareja, Camila Morales, también fue condenada, aunque recibió una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva debido a su conducta previa. Por su parte, las adolescentes involucradas en los hechos ya habían sido condenadas anteriormente a seis meses de intervención en un programa de rehabilitación. Luis Castillo, cuyo caso ha sido uno de los más polémicos debido a su amplio prontuario policial y antecedentes delictivos, fue detenido previamente el 11 de mayo de 2020 y condenado a cuatro años de cárcel bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado por diversos delitos relacionados con el estallido social.
