En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
La diputada ex Revolución Democrática, Catalina Pérez, llegó a La Moneda esta mañana sin hacer referencia a la arista Democracia Viva del caso convenios, el cual estalló hace dos meses. En breves palabras, la parlamentaria señaló que venía a trabajar junto al equipo del Ministerio del Interior para reforzar las reglas de uso de la fuerza. Esta es la segunda vez que Catalina Pérez visita el palacio de Gobierno, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en el traspaso de recursos públicos a la Fundación Democracia Viva desde el seremi de Vivienda de Antofagasta. En este caso, están involucrados la expareja de la congresista, Daniel Andrade (director de la ONG), y el exseremi Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Ante la pregunta sobre la restitución de los fondos que debe realizar Democracia Viva, cuyo plazo venció el domingo pasado, Catalina Pérez evitó comentar y se limitó a decir: Venimos a trabajar con el Ministerio del Interior para reforzar, espero, las reglas de uso de la fuerza y darles seguridad a todos los chilenos.
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
La diputada ex Revolución Democrática, Catalina Pérez, llegó a La Moneda esta mañana sin hacer referencia a la arista Democracia Viva del caso convenios, el cual estalló hace dos meses. En breves palabras, la parlamentaria señaló que venía a trabajar junto al equipo del Ministerio del Interior para reforzar las reglas de uso de la fuerza. Esta es la segunda vez que Catalina Pérez visita el palacio de Gobierno, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en el traspaso de recursos públicos a la Fundación Democracia Viva desde el seremi de Vivienda de Antofagasta. En este caso, están involucrados la expareja de la congresista, Daniel Andrade (director de la ONG), y el exseremi Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Ante la pregunta sobre la restitución de los fondos que debe realizar Democracia Viva, cuyo plazo venció el domingo pasado, Catalina Pérez evitó comentar y se limitó a decir: Venimos a trabajar con el Ministerio del Interior para reforzar, espero, las reglas de uso de la fuerza y darles seguridad a todos los chilenos.
