El senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, propuso al Gobierno la eliminación del impuesto específico a los combustibles, ya que considera que este impuesto castiga a la clase media.

Según el parlamentario, el impuesto que surgió para atender la emergencia post terremoto y se quedó de forma permanente en la recaudación fiscal, no representa beneficio para los ciudadanos sino para las grandes empresas. Pide que su eliminación quede incluida en la reforma tributaria que adelanta el Gobierno.

En este sentido, el senador Araya, precisó que «en la Región de Antofagasta, especialmente en comunas como Calama, Mejillones, Taltal, San Pedro de Atacama, estamos con precios altísimos de la bencina, bordeando casi los mil pesos, en razón de esto nosotros creemos que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo serio y una vez por todas terminar con el impuesto específico a los combustibles», puntualizó.

Asimismo, el parlamentario, agregó que «hoy día no se entiende que el Gobierno esté planteando una reforma tributaria que básicamente va a favorecer a las empresas y no esté pensando en medidas concretas para la clase media. Es inentendible que la gran minería no pague este impuesto específico y tenga utilidades que son verdaderamente monstruosas y se siga castigando a la clase media, es por eso que nosotros esperamos que el Gobierno tenga un gesto concreto y se derogue el impuesto a los combustibles, si no está pensando simplemente en una reforma tributaria que va a favorecer a las grandes empresas», recalcó.

Posición que es compartida por su homólogo, Alejandro Guillier, quien considera que la propuesta debe ser incluida en un paquete más amplio de impuestos compensatorios que deben ser considerados por las autoridades.

De acuerdo a esto, el senador Guillier, manifestó que «es injusto porque favorece a algunos y perjudica a la gran mayoría, desde los taxistas y a los particulares ni hablar, por lo tanto es muy razonable lo que ha presentado mi colega Pedro Araya, y además estamos discutiendo en el marco de la descentralización, otros impuestos compensatorios que vayan en beneficio de los territorios, cosa que con esto no estaba ocurriendo», explicó.

Por otra parte, algunos especialistas del área económica, consideran que la eliminación de este impuesto, uno de los pocos verdes que existe en el país y que recauda apróximadamente 2.500 millones de dólares al año, podría no sólo afectar el financiamiento de algunos programas sociales, sino además incentivar el consumo de combustibles petroleros, afectando las metas y objetivos climáticos suscritos por el país.

Sobre esta situación, Lisandro Roco, profesor de la Facultad de Economía de la UCN, declaró que «antes de hacer un anuncio, o de hacer una petición como la anulación total de este impuesto, quizás hay que estudiar cuales son los efectos y entenderlos bien, eso yo creo que todavía no está tan claro. El uso, digamos de este combustible, tiene un efecto en el ambiente, tiene un efecto en la recaudación de este impuesto en inversión social, y por lo tanto, no es tan fácil digamos realizar una propuesta de este tipo», señaló

Además, el académico de la UCN, detalló que «lo que hace el impuesto es desincentivar ese consumo, y también recaudar 2.500 millones de dólares lo que es una cantidad importante para el presupuesto fiscal de nuestro país», afirmó.

En el país, los combustibles han experimentado un alza por ocho semanas consecutivas, registrando este 2018 máximos históricos que no se veían desde el 2014, es por ello que desde el Gobierno aseguran que se ha puesto en marcha el fondo de estabilización de los precios del combustible.