Con la frase “ la migración no es un derecho humano”, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, informó a través de un medio nacional que Chile no se hará parte del Pacto Mundial para las Migraciones promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la publicación, Ubilla manifestó que «nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros. Si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras”, enfatizó.

Ante la decisión del gobierno, surgieron varias reacciones tanto de parlamentarios como de organizaciones migrantes, quienes rechazan la postura del ejecutivo.

En este sentido, la diputada Marcela Hernando, declaró que «yo creo que un país puede tener algunas restricciones al ingreso y aún así considerar que es un derecho humano», consideró.

Asimismo, Pablo Rojas, representante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, refiriéndose al contenido del pacto, explicó que «no obliga al Estado de Chile a nada, habla explícitamente del respeto a la soberanía de los países», detalló.

Por otra parte, la diputada oficialista Paulina Núñez, respaldó la decisión diciendo que los puntos que presentan al pacto se contraponen a los principios que han definido como gobierno.

De acuerdo a esto, Núñez expresó que «se contrapone a los principios que hemos definido para tener una migración segura, ordenada y regular en el proyecto de ley que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Y más aún cuando ya hemos tomado decisiones en Chile, respecto a abrir un proceso extraordinario de regularización para los inmigrantes que se encuentran en el país, o el plan de retorno, que también hemos conocido en los últimos días», recalcó.

La diputada Hernando mencionó que no es la primera vez el ejecutivo se resta de un acuerdo, ante esto expuso que «ya son dos las convenciones de las cuales se restan, y a mi me parece que eso es indicativo de una forma de comportamiento de este gobierno que me parece que no está correcto», calificó.

Antofagasta concentra una importante población de ciudadanos extranjeros, principalmente de colombianos, por lo que la decisión del gobierno cayó como balde de agua fría para Benjamín Cruz, presidente de la Colectividad Colombiana Residente, quien consideró que el Estado ha tomado una decisión apresurada.

Cruz, especificó que «han demostrado improvisación y también tomar decisiones de manera apresurada, parece que desconocieran como es que realmente opera la ONU. Lo que ha hecho el gobierno, es demostrar cuál es su postura frente a los derechos humanos», acusó.

La reunión que estaba fijada para este lunes en Marruecos fue aprobada por más de 150 países, escenario ante el que esperan que el próximo martes 11 de diciembre, el canciller Rodrigo Ampuero se reúna con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para aclarar los motivos de la criticada decisión del gobierno.

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