Actualmente existen 722 investigaciones que desarrolla la Fiscalía Regional de Antofagasta sobre delitos cometidos por agentes del Estado durante la crisis social, entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020, de los cuales un 60% corresponden a los casos producidos en la ciudad de Antofagasta.
De la misma forma, la Fiscalía Regional ha recibido 93 querellas del Instituto Nacional de DDHH. (INDH), cuyas diligencias en la investigación de las causas avanzan, según señalan -entre otros aspectos- en la medida que logran contactar a las víctimas de los delitos, como apremio o violencia institucional.
Para potenciar el actuar del Ministerio Público durante las diligencias investigativas y fortalecer los canales de comunicación junto con los apoyos del INDH, la Unidad Regional de Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía, organizó una reunión de coordinación a la cual asistieron diversas autoridades y jefaturas, entre ellas el director nacional, Sergio Micco y el director regional, Paulo Palma. Junto a ellos estuvieron presentes el fiscal regional, Alberto Ayala; la directora ejecutiva regional, Ivonne Alfárez; la jefa de la Uravit Regional, Alicia Crisosto; y el jefe de jurídica, Alejandro Azócar.
Tras finalizar el encuentro, el fiscal regional expresó “estamos revisando 722 causas en la región, incluyendo aquellas que han estado archivadas, para ver si en alguna de estas ha faltado algún tipo de diligencias. Existen, por ejemplo, algunas víctimas que no fueron ubicadas y durante esta reunión, el INDH acordó ayudar en ubicarlas para que presten declaración y nosotros como Ministerio Público podamos establecer los hechos como fueron”.
“Nuestra obligación como Fiscalía Regional es agotar todos los medios para determinar los delitos y establecer a sus responsables y en esa tarea conjunta llegamos a un acuerdo con el director nacional del INDH. Hemos acordado buscar caminos más fluidos para poder recuperar algunas causas que eventualmente no han tenido la celeridad necesaria”, enfatizó el fiscal Ayala.
Asimismo, Ayala advirtió que en la Región de Antofagasta “se requiere contar con elementos policiales especializados. Es por ello, que me reuní en las últimas semanas con el prefecto regional y con el director general de la PDI en Santiago, a quien solicité apoyar con un equipo especial para que se pueda potenciar la Brigada de Homicidios por ejemplo”.
“La Fiscalía de Chile no persigue personas, ni ideas, ni religiones, nosotros perseguimos exclusivamente delitos, la movilización social es un derecho humano y todos los delitos que se cometan, es nuestro deber perseguirlos. En la Región de Antofagasta existen cuatro personas privadas de libertad por delitos comunes en el contexto de movilizaciones sociales”, sostiene el fiscal regional.
Mayores esfuerzos
En tanto, el director del INDH, Sergio Micco, explicó “sabemos que hay un deber preferente del Estado en investigar, juzgar y sancionar casos vinculados a las violaciones de los DDHH, hemos coincidido con el fiscal nacional, Jorge Abbott y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en que existe una tardanza y es necesario avanzar más rápido en las causas. En Chile sabemos que hay tres casos de condenas de causas sobre violaciones a los DDHH, en vista que el INDH ha presentado cerca de 3 mil querellas criminales”.
Tras la reunión con el fiscal regional, Micco manifestó que “hemos coincidido en hacer los mayores esfuerzos coordinados dentro de las autonomías de ambos organismos públicos, para avanzar más rápido en causas relacionadas a los DDHH. En la región tenemos 151 casos de víctimas relacionadas con los DDHH donde el INDH ha presentado querellas criminales”.
“Solicitamos a la Fiscalía Regional que cuente con más abogados y abogadas. Necesitamos además que la Uravit Regional cuente con más psicólogos y asistentes para que puedan acercase más a las víctimas, y que exista una Unidad Especializada en DDHH que contribuya al trabajo que debe realizar el fiscal. Si no contamos con esos medios, no tendremos justicia”, enfatizó el director nacional del INDH.
