El dictamen de Contraloría, que establece que los municipios no pueden ingresar al negocio de la distribución de gas licuado porque no existe una Ley que así lo autorice, obligó a los alcaldes a iniciar una serie de acciones para concretar su idea.
Un grupo de representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades llegó al Congreso en Valparaíso para pedir apoyo y más facilidades para la distribución de gas licuado. El objetivo final es que cada familia pague 10 mil pesos menos por un balón de gas licuado.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que “el paso que viene es formar la asociación. Cada concejo municipal tendrá que aprobar la incorporación a la misma. Esperamos que a fin de año pueda estar constituida. Posteriormente, esperamos conversar con la Empresa Nacional del Petróleo y tendremos que discutir las inversiones que tendremos que hacer”, explicó.
El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, impulsor de esta idea dijo que la idea no es vender gas a los vecinos, sino que distribuir, algo muy parecido a lo que ocurre en las farmacias populares.
Agregó que, “los municipios no vendemos, lo que hacemos es distribuir. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca, es lucrar. Por lo tanto, no nos metemos en una actividad comercial propiamente tal”.
